28 de junio de 2013

Primeras medidas del Informe CORA, 1.

Como todos sabéis, la semana pasada el Consejo de Ministros presentó el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, más conocido como Infome CORA. Pues bien, justo una semana después, concretamente el Consejo de Ministros de hoy, 28 de junio de 2013, ha aprobado, entre otras, dos de las primeras medidas contenidas en el citado informe. En particular hablaremos en esta entrada de la primera de ellas, de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de facturas en el sector público.





Según la propia nota de prensa del CM, el proyecto de ley en cuestión permitirá terminar con las facturas en los cajones sin pagar a los proveedores y agilizará los procedimientos de pago. Pero cómo?, pues dejando que los proveedores presenten y tramiten electrónicamente todas sus facturas en un punto general de entrada que deberán tener todas las Administraciones públicas. Ello reforzará, en teoría, la protección de los proveedores, al dejar constancia de fecha de entrada a efectos de devengo de intereses en caso de retrasos en el pago.



Todas las facturas tendrán un formato estructurado, que se concretará en una Orden Ministerial próxima, y estarán firmadas electrónicamente, con una firma basada en un certificado reconocido. A partir del 15 de enero de 2015, dentro de dieciocho meses, la factura electrónica será obligatoria para los sujetos que estén obligados a tributación electrónica de acuerdo con la normativa tributaria. No obstante, las Administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente las facturas con importe inferior a cinco mil euros de esta obligación de facturación electrónica.



Además, todas las Administraciones Públicas tendrán la obligación de tener un registro contable de facturas, que estará controlado por el órgano que tenga atribuida la gestión contable. Se creará un nuevo procedimiento de tramitación de facturas, obligatorio desde el 1 de enero de 2014, en el que se prioriza la remisión al órgano contable y, posteriormente, al órgano gestor, para un mejor control.

La obligación de la factura electrónica permitirá que:
  1. Los órganos de contabilidad de cada Administración tengan un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial con menor desfase temporal.
  2. Se mejore la fiabilidad de las cuentas públicas, al mejorar los controles a efectos de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
  3. Se pueda efectuar un seguimiento de los períodos medios de pago a los efectos de cumplir con la limitación de la normativa anti-morosidad.
Finalmente, el Proyecto de Ley potencia a los órganos contables, que podrán efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de obligación, de las que ya se tendrá un conocimiento anticipado, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Igualmente, se fortalecen los órganos de control interno (la intervención correspondiente) que podrá acceder a la documentación justificativa y a la contabilidad en cualquier momento, y tendrá que elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.





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