29 de junio de 2013

Primeras medidas del Informe CORA, y 2: la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Prevista como medida de disciplina presupuestaria y trasparencia pública en el Informe CORA (pág. 14 del mismo), el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad FiscalEste organismo, en atención a su función de garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, se crea por Ley Orgánica con base en el artículo 135.5 de la Constitución española. El fundamento constitucional permite que su supervisión sea global y se extiende a todo el sector público, incluidas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Seguridad Social y otros órganos.





Como garantía de su independencia se le dotará de personalidad jurídica propia, y plena capacidad pública y privada, asegurando su existencia de forma separada respecto de las Administraciones sujetas a evaluación. Esta configuración de la Autoridad como sujeto diferenciado encuentra su reflejo en la mayoría de los países del entorno de España.

Esencialmente, tendrá las tres funciones incluidas en las Recomendaciones Europeas Específicas a España: análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria.

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará informes que serán preceptivos y no vinculantes pero, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo.

También podrá formular opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la Ley. Si la Administración se aparta del criterio dado en la opinión, no será exigible la motivación. Conforme al principio de transparencia, sus informes y opiniones serán públicos y motivados. Finalmente, a petición del Gobierno, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Comisión Nacional de Administración Local o de la Comisión Financiera de la Seguridad Social, podrá realizar estudios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal informará las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de las Administraciones Públicas o en el Programa de Estabilidad, con lo que se da cumplimiento a la normativa europea.

Asimismo, informará los cambios que se produzcan en la metodología utilizada para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, y la tasa de referencia de crecimiento a la que alude la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Realizará el seguimiento de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto con el fin de evaluar la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en dicha Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

Anualmente elaborará un informe sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas, considerando la ejecución presupuestaria y las medidas previstas en el año en curso y el inmediato anterior, sin perjuicio de las opiniones que pueda emitir a lo largo del año en materia de seguimiento.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta adscripción en ningún caso afectará a su autonomía e independencia funcional.

Su dirección corresponderá a un presidente, que contará con la asistencia de directores de división que serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en las materias propias de la división correspondiente.

La designación del presidente se realizará por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público. Se valorará especialmente su independencia y objetividad de criterio.

Contará con recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones, reforzando su autonomía y pleno acceso a la información y transparencia.

2 comentarios:

  1. Apreciado Borja, esta medida que terminas de exponer y que contempla el informe CORA, aunque necesaria, en mi opinión, requiere ser complementada, en el ámbito de la administración local, con otras medidas de control no económico sino de eficiencia, que extiendan sus objetivos y efectos sobre la calidad de los servicios públicos y la adecuación de las políticas públicas que los gobiernos locales decidan implementar en cada momento, para testar la calidad y el impacto y corregir las posibles desviaciones que se produzcan respecto a los objetivos previamente proyectados. Se trata, pues, de incorporar intrumentos de control de la gestión, que en mi opinión no se han de contemplar solo y exclusivamente como un tercer control en la fiscalización de las corporaciones locales, sino como un instrumento de ayuda al gestor público que le proporcione información objetiva, fiable y relevante de los servicios que gestiona.

    Saludos. Cristóbal Marco

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  2. Querido amigo, cuánta razón tienes, pero todo lleva si tiempo y acabamos de empezar!

    Un abrazo fuerte y gracia por tus comentarios.

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