El pasado 15 de octubre tuve la oportunidad de participar en el V Congreso de ParlaTIC, celebrado en el Senado bajo el título «Los retos de la aplicación de la Inteligencia Artificial en los Parlamentos».
Antes de mi intervención, dedicada a la inteligencia legislativa, pude escuchar a Pablo García Mexía, letrado de las Cortes Generales, que inauguró la jornada presentando las directrices de uso de inteligencia artificial en el Senado y sus principales orientaciones.
Mientras le escuchaba, pensé en una cuestión que llevaba algún tiempo rondándome la cabeza y que aquel contexto institucional me ayudó a formular con mayor claridad. Estamos dedicando enormes esfuerzos a establecer las condiciones bajo las cuales la inteligencia artificial puede incorporarse a nuestras organizaciones, pero quizá no estamos prestando suficiente atención a cómo está cambiando la propia naturaleza de aquello que pretendemos gobernar.
Porque una cosa es regular un sistema que produce resultados y otra, bastante distinta, regular un sistema que desarrolla actuaciones.
Y esa diferencia, aparentemente sencilla, puede tener consecuencias extraordinarias.



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