Seis meses después de las reformas introducidas por el Gobierno para establecer nuevas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más del 90% de las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) de nuestro país incumplen la nueva previsión legal al respecto. Mientras que la Ley fija para este año 2010 un plazo de máximo de pago de 55 días de las facturas a los autónomos y empresas para las Administraciones Públicas, la realidad es que este plazo prácticamente se triplica, hasta alcanzar los 158 días.
Artículo publicado íntegramente en la Revista Actualidad del Derecho Sanitario, 2010, núm. 176, pp. 832-833, ISSN: 1136-6969.
