#ParaMisOpositores, o cómo ayudar un poco a los aspirantes en su acceso a la función pública.

Con el mismo título de esta entrada (#ParaMisOpositores) inauguro un canal de Telegram en el que pretendo aportar con cierta frecuencia información relevante para todos aquéllos opositores que se están dejando la piel preparando el acceso a cualquier Cuerpo o Escala de una Administración pública. Pero ayudando de otra forma, desde fuera de las aulas, y a través de un medio electrónico que permita ofrecer contenidos de calidad en poco tiempo y a coste cero. Opiniones de especialistas reputados, enlaces directos a publicaciones rigurosas, actualización permanente de las novedades legislativas y alguna que otra sorpresilla más, van a ser el caldo de cultivo de este canal de Telegram... tranquilos, esto solo va a ir de eso: de informar y ayudar con criterio al opositor que está encerrado en su cueva, aprovechando el potencial que tienen las #RRSS y los recursos disponibles para todos en internet.

Estrategia de Innovación y Creación de Valor Público.

Esta misma mañana participaré en el INAP en un seminario de expertos sobre la reforma de la Administración electrónica donde intentaré aportar mi granito de arena a una cuestión que, lejos de estar resulta actualmente se antoja como el mayor de los retos institucionales vistos hasta ahora, y que está fundamentado en la maximización de los recursos disponibles, en una provisión más eficiente de los servicios públicos y en una modernización real y efectiva de todas las Administraciones públicas.

Para ello me centraré en la medida de lo posible en exponer qué hemos hecho en la Diputación de Castellón para enfrentarnos a dicho reto a través de la aprobación ayer mismo por el Pleno de la Corporación de nuestra Estrategia de Innovación de Creación de Valor Público que puedes descargarte directamente AQUÍ.

Mi candidatura a los premios NovaGob Excelencia 2016.

Como ya sabréis muchos de vosotros los próximos días 29 y 30 de septiembre se celebra en La Laguna (Tenerife) el III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública - NovaGob 2016. Allí, además de darse cita los mayores especialistas de la materia a través de un programa de auténtico lujo, se celebrará la entrega de Premios NovaGob Excelencia 2016 para los que he sido nominado en la categoría de miembro más destacado de la comunidad. Pues bien, directamente, me gustaría renunciar al mismo y pediros que votarais al Grupo que administro, "Diputaciones y Gobernanza Local", que también ha sido nominado en la categoría de mejor grupo de la comunidad. Y ahora os diré cuáles son mis motivos.

ACCEDE AQUÍ A LAS VOTACIONES HASTA EL 30 DE JUNIO

El problema de la rendición de cuentas más allá de la transparencia: ¿acaso tenemos lo que nos merecemos?

Las Ciencias Políticas están de moda, qué duda cabe de eso, y los politólogos de formación que además somos funcionarios de carrera de alguna Administración pública (y yo concretamente lo soy de tres - aquí, aquí y aquí) tenemos la obligación de aportar todo ese bagaje formativo para mejorar y poner en valor el funcionamiento de nuestras organizaciones. A mi modo de ver, no se trata tanto, quizá, como a veces se pretende, de que la Ciencia Política dé soluciones concretas a los problemas más comunes que afectan a dichas instituciones, sino más bien que desde la perspectiva que nos da una disciplina tan trasversal y completa seamos capaces de explicar y orientar los problemas hacia el mejor camino para solucionarlos. 

Arrancamos con el grupo de "Diputaciones y gobernanza local" en NovaGob.

Como muy bien sabéis, soy funcionario de carrera de una Diputación provincial, concretamente la de Castellón (además de pertenecer a algún otro cuerpo y escala), y como la mayoría de empleados públicos de la Administración Local busco entre mis colegas puntos de encuentro y diálogo que me permitan conocer otras experiencias, favorecer el intercambio de información y potenciar el benchmarking. Sin embargo, lo cierto es que hasta hoy no ha habido demasiados foros en los que los empleados públicos de las Diputaciones pudiéramos compartir nuestras inquietudes para aprovechar las sinergias que éstas generan en beneficio del interés provincial común. 

Cómo construir una Administración pública con futuro y no morir en el intento.

El Máster de Liderazgo y Dirección Pública que estoy haciendo en el INAP, además de darme trabajo por un tubo me está permitiendo conocer a gente muy implicada en esto de lo público. Un caso especial es el de mi amigo y compañero Andrés Pastor, editor del conocidísimo blog Crisoltic, que representa perfectamente el compromiso de los funcionarios TIC con los nuevos tiempos que corren en la gestión e innovación pública. Pues bien, hace unos meses me pidió que escribiera unas líneas para su blog y el resultado se publicó ayer mismo bajo el título de "Cómo construir una administración con futuro y no morir en el intento". 

Decirte finalmente Andrés que para mi ha sido un auténtico placer contribuir humildemente con este pequeño cameo en Crisoltic, gracias por todo y sigue deleitándonos con todo lo que escribes. Nos vemos pronto en el INAP.

En busca de la honorabilidad perdida: hacia la profesionalización de dirección pública en la AGE.

Leía el otro día el borrador del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado remitido por el Consejo de Ministros a finales del mes de febrero para su aprobación por las Cortes Generales y me llamó mucho la atención que el mismo recurría a la honorabilidad de los aspirantes a dicho puesto para determinar su idoneidad y aptitud al mismo, ¿qué curioso verdad?

Un alto cargo, dice el proyecto de Ley, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional (¿qué tiene que ver esto con la honorabilidad?) respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, el proyecto de ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas. Se supera, asimismo, la ausencia de un único instrumento donde se regulen las normas aplicables al ejercicio de un alto cargo, que minaba el derecho de los ciudadanos a una información transparente, clara y comprensible de las condiciones aplicables al mismo.

La di-gestión del cambio en los procesos de implantación de la Administración Electrónica.

Cuando llevamos poco más de tres meses desde que empezara formalmente en la Diputación de Castellón el proceso de implantación de la nueva plataforma de Administración Elctronica puedo decir, si es que se me permite por parte de todos mis compañeros, que el cambio está siendo menos traumático de lo que esperábamos. No quiero quitarle hierro al asunto, ojo, porque hemos sufrido mucho, le hemos echado más horas que un tonto y hemos realizado grandes esfuerzos para concienciar a la gente de que éste era un cambio necesario, de que no era en absoluto un salto al vacío, y de que con el tiempo veríamos los resultados. 

Y que nos hemos encontrado después de todo esto? pues buena disposición de los empleados, gran implicación del staff y apoyo incondicional del equipo de gobierno y la oposición. Que más se puede pedir? 

El impacto X de las políticas públicas.

El diseño de las políticas públicas por parte de los Gobiernos de turno exige una responsabilidad aún mayor si cabe que la de satisfacer las demandas de los ciudadanos a los que van dirigidas y que radica, esencialmente, en medir el impacto que éstas puedan tener a nivel jurídico, económico y social. 

Afortunadamente, el legislador español ha impuesto la necesidad de realizar una “memoria del análisis de impacto normativo” previamente a la elaboración de disposiciones de carácter legal y reglamentario, manifestación formal de cualquier política pública, cuyo objeto sea determinar el alcance global y las consecuencias, tanto directas como indirectas, de una decisión política concreta. 

No obstante, el motivo de este trabajo no va a ser analizar el diseño de una política pública, sino precisamente lo contrario, estudiar los efectos perversos de su implementación, dicho de otro modo, demostrar cómo la existencia de una memoria del análisis de impacto normativo no permite predecir una parte importante de los riesgos derivados de su aplicación. 

Transparencia, participación ciudadana y buen gobierno.

Próxima la aprobación de la denominada Ley de transparencia (formalmente denominada “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno“) a los que hemos seguido su tramitación en sede parlamentaria se nos suscitan algunas cuestiones difíciles, a esta hora, de solucionar. La primera, y yo creo que más fundamental, es la relativa a considerar la materia de transparencia no como un derecho fundamental de los ciudadanos, ubicado por tanto en el Título I de nuestra Constitución, sino más bien como un cuestión accesoria y/o residual dentro del Título IV de ésta, relativo al Gobierno y la Administración, donde concretamente su art. 105, letra b) dispone que la ley regulará: “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas“. La diferencia a mi modo de ver no es baladí, ya que en el primer caso, entendido el derecho de transparencia como un derecho fundamental gozaría éste de protección preferente por los tribunales de justicia (art. 53 CE) y, en el segundo, sencillamente sería una imposición más derivada de una Ley ordinaria de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos.

La gestión del cambio como clave de bóveda de la Administración electrónica.

La verdad es que llevo muy poco tiempo con esto de la modernización de las administraciones públicas, pero he de decir que, más allá de las innumerables cuestiones que se me han ido planteando estos días, me doy cuenta que las principales dificultades no serán precisamente tecnológicas o de procedimiento, sino más bien las relacionadas con las personas, esto es, simple y llanamente, con la gestión del cambio. 

A un paso de la reforma local, mi estreno en el Blog Canal Profesional.

Hoy empiezo una nueva aventura multimedia -si se puede decir así- de la mano de Wolters Kluwer, a través de su Blog Canal Profesional, donde especialistas de diferentes campos fomentan el debate y el intercambio de opiniones sobre temas actuales en un espacio abierto de comunicación. 

Pues bien, me han invitado a publicar periódicamente en el mismo, aportando lo que buenamente pueda en beneficio de una red que no para de crecer y que está generando, a mi modo de ver, un enorme poso de conocimiento a disposición de todo el mundo. 

Aquí os dejo mi primera entrada que versa sobre la futura reforma local.

I Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública.

Organizado por el Club de Innovadores Públicos, y en el marco del Congreso Internacional de Ciudadanía Digital que se celebrará en la ciudad de San Sebastián los próximos días 25 a 27 de junio, me han invitado a formar parte del grupo de ponentes on line que asistirán al I Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública, donde los principales influencers del país en el terreno de la innovación en las Administraciones Públicas debatirán sobre los diferentes ámbitos de actuación vinculados al mundo digital, el gobierno abierto  y las Administraciones innovadoras.

Administración institucional y contratación pública: buscando el camino para salir de la crisis.

La difícil situación económica por la que están atravesando los Estados Miembros de la Unión Europea, y España no es una excepción, está promoviendo la aparición de estrategias de “contabilidad creativa” para evitar que las necesarias inversiones públicas que éstos quieren realizar tengan un impacto negativo en sus cuentas.

Como ya sucediera en la década de los 90s, primero con el compromiso de los citados Estados de cumplir con los cuatro criterios de convergencia impuestos por el Tratado de Maastrich, y luego con el exigente criterio de Déficit Cero derivado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los diferentes Gobiernos de turno se han visto en la tesitura de tener que escoger, habida cuenta de la enorme impopularidad que supone incrementar la presión fiscal, entre reducir drásticamente el gasto público, o bien, la creación de un sistema de financiación de inversiones que evite su cómputo en las cuentas públicas.

Hacia una contratación pública local más eficiente: tres propuestas claras de reforma.

La estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador expone una visión de la economía social de mercado competitiva de Europa para la próxima década basada en tres prioridades interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente: el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; la promoción de una economía con pocas emisiones de carbono, que haga un uso más eficiente de los recursos y que sea competitiva; el y fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

Contratación administrativa y gestión de las Administraciones Públicas: dos caras de la misma moneda.

No son pocas las señales que nos demuestran que cada vez más las actuaciones de los poderes públicos en ámbitos aparentemente sin conexión están estrechamente relacionadas. Uno de los ejemplos más claros y a la vez más sorprendentes de esta curiosa interrelación es el fuerte vínculo que existe entre contratación administrativa y gestión de las Administraciones Públicas. 

Hacia un modelo social de Administración Pública: de la burocracia a la Gobernanza.

Después de la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX se fueron consolidando en Occidente los denominados “Estados nacionales”. En Europa y en los Estados Unidos de América se adecuaron los poderes del Estado y las formas de gobierno a las necesidades de un capitalismo emergente que le demandaba inversiones públicas, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Dicho de otro modo, un Estado encaminado fundamentalmente a proporcionar la “procura existencial” de sus ciudadanos.

Nuevas medidas de lucha contra la morosidad: un impulso desde la Unión Europea.

Seis meses después de las reformas introducidas por el Gobierno para establecer nuevas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, más del 90% de las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) de nuestro país incumplen la nueva previsión legal al respecto. Mientras que la Ley fija para este año 2010 un plazo de máximo de pago de 55 días de las facturas a los autónomos y empresas para las Administraciones Públicas, la realidad es que este plazo prácticamente se triplica, hasta alcanzar los 158 días.

Crisis financiera y gasto público: algunos ajustes insuficientes a la espera de la recuperación económica.

Suele decirse que en momentos de crisis se agudiza en ingenio, y buena muestra de ello es la cantidad de medidas que nuestro Gobierno está llevando a cabo para salir de la difícil situación económica en la que nos encontramos. Sin embargo, los pasos que demos ahora quizá marquen las líneas de un futuro que, aunque incierto económicamente hablando, parece haber perdido ya la confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, incapaces a los ojos de la mayoría, de hacer frente a los cambios de coyuntura económica.

Hacia un nuevo «descrédito» de las Administraciones Públicas: nuevas medidas de lucha contra la morosidad.

De las tres reformas legislativas que a día de hoy están en tramitación y que van a modificar de forma sustancial la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sólo una de ellas me preocupa sobremanera, y no sólo por la incuestionable desconexión que marca la relación entre ésta y las otras dos , sino porque una de las cuestiones que aborda, en concreto la reforma del régimen jurídico de la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, a través de la modificación de la Ley 3/2004 y de la propia LCSP, no se está enfocando, a mi modo de ver, desde la perspectiva adecuada, puesto que dicho cambio normativo no va a solucionar el problema del impago por parte de éstas, cuyo origen fundamental no está, como es lógico, en su voluntad de hacer frente a la deuda, sino más bien a su falta de liquidez y, sobre todo, al complicado, largo y, en ocasiones, excesivamente burocratizado, procedimiento de pago.