De las tres reformas legislativas que a día de hoy están en tramitación y que van a modificar de forma sustancial la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sólo una de ellas me preocupa sobremanera, y no sólo por la incuestionable desconexión que marca la relación entre ésta y las otras dos , sino porque una de las cuestiones que aborda, en concreto la reforma del régimen jurídico de la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, a través de la modificación de la Ley 3/2004 y de la propia LCSP, no se está enfocando, a mi modo de ver, desde la perspectiva adecuada, puesto que dicho cambio normativo no va a solucionar el problema del impago por parte de éstas, cuyo origen fundamental no está, como es lógico, en su voluntad de hacer frente a la deuda, sino más bien a su falta de liquidez y, sobre todo, al complicado, largo y, en ocasiones, excesivamente burocratizado, procedimiento de pago.
Ni que decir tiene que todavía queda algún tiempo para que la reforma del régimen de la lucha contra la morosidad a través de la Ley de Economía Sostenible (en adelante, LES) vea la luz desde la ventana del BOE, pero mucho me temo que ni los informes de los diferentes órganos consultivos, ni los reparos que puedan formularse por parte de todas las Instituciones que van a revisar dicho proyecto normativo, vayan a alterar la esencia del cambio que se pretende, que es, en definitiva, la de recortar los plazos de pago, con carácter general de 60 a 30 días, y la de penalizar, todavía más si cabe, al deudor que incurre en mora obligándole a abonar una compensación global del 5% del importe adeudado.
A lo largo de estas líneas intentaremos poner sobre la mesa tanto la problemática real de la morosidad pública, como el régimen jurídico que lucha contra la misma, haciendo especial hincapié en los verdaderos desafíos de este problema, demostrando, en última instancia, que, de momento, nos estamos equivocando en cuanto al planteamiento de base, ya que no se trata tanto de pagar cada vez más rápido, sino de que, habida cuenta de las enormes dificultades de las Administraciones Públicas para hacer frente a sus compromisos, se habiliten nuevas formas de gestión del pago para dar una solución definitiva a este cuello de botella que restablezca, de una vez por todas, el “crédito” perdido por éstas.
Artículo publicado íntegramente en Actualidad Administrativa, 2010, núm. 14, pp. 1670-1681, ISSN: 1130-9946.
