Se acerca un cambio de ciclo, en la gestión y en la política, que arrancará para el mundo local y autonómico a principios del mes de junio, y todos los que trabajamos en lo público esperamos con expectación ese acontecimiento recurrente cada cuatro años. Sin embargo, hay un conjunto de empleados públicos, un grupo muy reducido de momento – lamentablemente – que lo vivirá en primera persona con una responsabilidad y entrega por encima de la media.
Me refiero a los Directivos Públicos Profesionales, nominales o referidos, que van a tener que esforzarse durante esos primeros meses de legislatura para facilitar los cambios de gobierno o, en su caso, dar continuidad a la maquinaria administrativa para que los equipos políticos que repiten no noten la desaceleración inevitable en el plano de la gestión de estos últimos meses.
Esos Directivos Públicos Profesionales funcionan esencialmente como una correa de transmisión entre el poder político y las estructuras técnicas pero, al mismo tiempo, son la garantía de que éstas, el verdadero músculo de las Administraciones públicas, se ensamblen lo antes posible con la visión que desde la legitimidad de las urnas traen consigo los nuevos gobernantes – viejos si repiten – para impulsar durante los cuatro años que tienen por delante el conjunto de políticas públicas que configuren las nuevas reglas de juego de un territorio determinado, municipio o comunidad autónoma, desde su propia visión de los hechos, desde su realidad política e ideológica.
En palabras de Rafa Jiménez Asensio, los Directivos Públicos Profesionales sirven para “reducir los espacios de discrecionalidad política y reforzar la objetividad e imparcialidad creando un núcleo estratégico capaz de llevar a cabo una interlocución efectiva recíproca y de retroalimentación entre el Gobierno y la Administración (Política y Gestión)”
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