Auctoritas y potestas: dos pilares inseparables de la dirección pública profesional contemporánea.

En los últimos años, la función directiva en el sector público español ha adquirido un protagonismo creciente en la gestión de políticas públicas complejas. Transformaciones institucionales, digitalización, innovación administrativa, inteligencia artificial y nuevas demandas sociales han configurado un entorno especialmente exigente. En este contexto, el Directivo Público Profesional (DPP) se enfrenta no solo a la necesidad de ejecutar normas y procedimientos, sino también a la de liderar organizaciones, orientar equipos y generar confianza ciudadana.

Sin embargo, esta figura se encuentra con un dilema recurrente: contar con la potestas —la autoridad formal derivada de la norma y del cargo— no garantiza per se la legitimidad ni la capacidad de influir de manera efectiva en su entorno. Al mismo tiempo, la mera auctoritas —autoridad moral, prestigio, reputación— carece de la fuerza ejecutiva para transformar estructuras. En definitiva, ambas dimensiones son necesarias, pero solo su articulación armónica confiere legitimidad y eficacia reales a la dirección pública.

La distinción entre auctoritas y potestas tiene raíces en el pensamiento político romano. La potestas representaba la autoridad legal derivada de un cargo público (magistrados, senadores, pretores), es decir, el poder formal de mando y coacción legítima reconocido por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la auctoritas estaba vinculada a una legitimidad no coactiva: emanaba del prestigio personal, la experiencia, el saber y la capacidad de generar adhesión. El Senado romano, por ejemplo, tenía auctoritas sin poseer potestas, mientras que los cónsules ejercían potestas pero buscaban legitimar sus decisiones a través de la auctoritas senatorial.

Max Weber, en su célebre tipología de la dominación, recuperó esta dualidad al distinguir entre autoridad legal-racional, autoridad tradicional y autoridad carismática. Mientras la potestas se alinea con la autoridad legal-racional —basada en normas impersonales y cargos institucionalizados—, la auctoritas se aproxima a la autoridad carismática o tradicional, que se apoya en cualidades personales, reputación y reconocimiento social.

Hannah Arendt, por su parte, subrayó que la autoridad auténtica no necesita coerción: se ejerce porque es reconocida, no impuesta. Esta idea resulta particularmente pertinente para el ámbito público actual, donde la legitimidad social y la confianza ciudadana son condiciones necesarias para la eficacia de la acción gubernamental.

NOTA: Podéis ver la entrada completa publicada bajo el mismo título en Especial Directivos, nº 1898, Noviembre de 2025, Editorial LA LEY.