Suele decirse que en momentos de crisis se agudiza en ingenio, y buena muestra de ello es la cantidad de medidas que nuestro Gobierno está llevando a cabo para salir de la difícil situación económica en la que nos encontramos . Sin embargo, los pasos que demos ahora quizá marquen las líneas de un futuro que, aunque incierto económicamente hablando, parece haber perdido ya la confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, incapaces a los ojos de la mayoría, de hacer frente a los cambios de coyuntura económica.
Las siguientes líneas se van a centrar en estudiar con detenimiento una de las propuestas estrella del Gobierno español para salir de la crisis, el denominado Plan Extraordinario de Infraestructuras (en adelante, PEI), presentado el 7 de abril de 2010. Su principal objetivo es reactivar la economía y el empleo a través de la inversión en infraestructuras del transporte. El Plan permitirá anticipar a 2010 y 2011 licitaciones por valor de 17.000 millones de euros, el equivalente al 1,7% del PIB. No obstante, el citado PEI se sustenta, a mi modo de ver, en un esqueleto bastante deficiente, no tanto por su forma de integrarse en el ordenamiento jurídico, sino porque tiene la virtud de perpetuar y posponer el verdadero problema de la economía española: su elevado endeudamiento.
Artículo publicado íntegramente en la Revista Práctica de Contratación Administrativa, 2011, núm. 105, pp. 35-40, ISSN: 1579-3036.
