Tal y como señaló la Comunicación de la Comisión Europea de fecha 19 de noviembre de 2009, para hacer frente a la crisis económica y financiera la UE y sus Estados Miembros están aplicando planes de recuperación ambiciosos destinados a estabilizar el sector financiero y limitar los efectos de la recesión sobre los ciudadanos y la economía real. La inversión en proyectos de infraestructuras es un medio importante para mantener la actividad económica durante la crisis y favorecer la rápida vuelta a un crecimiento económico sostenido.
En el contexto de estos esfuerzos de recuperación la colaboración público-privada puede ofrecer fórmulas efectivas para llevar a cabo proyectos de infraestructuras, facilitar servicios públicos y, de manera más general, innovar. Al mismo tiempo, este tipo de colaboración es un vehículo interesante para el desarrollo estructural a largo plazo de infraestructuras y servicios, ya que aúna las ventajas características del sector público y del sector privado. En otras palabras, y utilizando la clásica definición proporcionada por el Canadian Council for Public-Private Partnerships, los CPPs representan una “asociación entre los sectores público y privado, que se fundamenta en la capacidad de cada parte para cumplir de la mejor manera posible ciertas necesidades públicas a través del adecuado reparto de recursos, riesgos y compensaciones”.
A lo largo de estas líneas trataremos de abordar, más allá del escaso tratamiento normativo que están recibiendo los CPPs tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, el creciente papel de este tipo de fórmulas asociativas para, si no salir de la crisis, mitigar los efectos de ésta.
Artículo publicado íntegramente en Contratación Administrativa Práctica, 2011, núm. 110, pp. 40-45, ISSN: 1579-3036.
