Cuando a finales de marzo de 2004 se aprobó la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de
suministro y de servicios, algunos de los que trabajamos diariamente en
contratación administrativa creímos que era una oportunidad magnífica para dar
un cambio de 180 grados en la legislación española en la materia, todo ello con
el afán de resolver, desde mi punto de vista, los tres problemas endémicos de
esta materia en España.
En primer lugar, la inadecuada transposición de las
Directivas europeas que han venido regulando hasta ahora la contratación pública
de la UE , lo que
ha dado, como consecuencia, numerosas y humillantes sentencias condenatorias
del TJCE; en segundo lugar, la necesidad acuciante de una simplificación en la
gestión contractual, siendo la norma anterior, el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, todavía una norma tributaria de la Ley de Contratos del Estado de
1965; y, por último, un pobre,
marginado e inadecuado tratamiento de la contratación administrativa de la
Administración Local.
Tras un año y medio desde la aprobación; de
la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), tenemos
que reconocer que se ha vuelto a perder otra gran oportunidad para
solucionar los tres problemas referidos, como seguidamente veremos, además de
haber creado otros nuevos, derivados del nuevo texto ahora en vigor, la LCSP.
Así pues, quisiera aprovechar estas líneas, no tanto
para analizar las novedades más importantes de la LCSP , cuestión ampliamente
estudiada por numerosos autores, sino más bien para constatar que todas y cada
una de las intenciones sobre las que se ha fundamentado este cambio normativo
tan importante, no han servido para solucionar los tres problemas anteriormente
enunciados. En este sentido, centraré este working paper en torno al
primero de dichos problemas, así como a las demás cuestiones conexas al mismo
que la nueva Ley ha sacado a la luz.
Artículo publicado íntegramente en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2009, núm. 9, pp. 1302-1310, ISSN: 978-84-7052-435-6.
