Algunos lobbies buenos.

¿No suele decirse que hay hackers “buenos”?, ahí tenemos, por ejemplo a Chema Alonso o, sin ir más lejos, al gran Jaime Gómez Obregón. 

Pues que sepáis que, a pesar la mala fama que tienen, también tenemos lobbies buenos, por no decir que son la inmensa mayoría. 

Pero empecemos por el principio, ¿qué es un lobby?

Para Transparencia Internacional, un lobby es toda comunicación directa o indirecta con decisores políticos o representantes públicos, llevada a cabo por o en nombre de un grupo organizado con el fin de influenciar la toma de decisiones públicas.

La OCDE, por su parte, nos dice que las actividades de lobby y de influencia son actos legítimos de participación democrática, a través de los cuales, todos los interesados tienen el derecho de participar en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, en ausencia de un marco justo y equitativo que regule el lobby, estas actividades podrían conducir al abuso de poder, a la distribución injusta de las oportunidades y a unas políticas que no siempre benefician a nuestras sociedades.  

Por último, para la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, el lobby es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas. Trata de trasladar la Administración Pública y distintos partidos políticos la posición e intereses de una organización, trabajar para que esos intereses formen parte del debate y sean tenidos en cuenta y conseguir que la normativa beneficie y no perjudique los intereses de la organización o colectivo.

Entonces, ¿qué hay de malo en los lobbies?, pues la verdad es que nada, simplemente que suelen identificarse con malas prácticas para ejercer su influencia en un determinado sector en su propio beneficio y fuera de los marcos normativos. Pero eso es, como en el caso de los hackers, cuando sus intenciones no son las más deseables. Casos contados diría yo.

El tema es que hoy quería compartir con vosotros que formo parte de las Justas Directivas de dos de los lobbies más importantes de la gestión pública española. 

En primer lugar, me refiero a la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas (SEE), cuyo objetivo es:

• Reunir a especialistas en estudios de evaluación, tanto de la administración pública como de cualquier institución que aplique la evaluación en su gestión propiciando la comunicación y el debate entre sus miembros para confrontar experiencias e incrementar la influencia de la evaluación, 
• Mejorar la práctica de la evaluación a través de la formación verificando los métodos de evaluación sugiriendo la aplicación de mejoras, 
• Estudiar los métodos para favorecer la utilización de los resultados de la evaluación en los procesos de decisión y en el debate público difundiéndolos a través de los medios de comunicación.

Y, por otro lado, formo parte también de la Junta Directiva de la Asociación Dirección Pública profesional (ADPP) cuyos fines son:

Realizar actividades de carácter profesional que contribuyan a la promoción, impulso, desarrollo, mejora de la imagen y protección de la Dirección Pública Profesional (DPP) en España, Establecer alianzas y relaciones con colectivos, instituciones o personas que tengan fines similares en España y en el resto del mundo. Desarrollar acciones que contribuyan a la mejora del liderazgo público en España Fomentar la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas en la ADPP. Realizar acciones para el desarrollo profesional continuo de las personas asociadas. Hablar de evaluación de políticas públicas y de dirección pública profesional podría parecer, a simple vista, una combinación técnica, casi fría. Sin embargo, para quienes nos dedicamos a lo público esta dualidad es más que una herramienta: es una brújula ética y estratégica.   Formar parte tanto de la Sociedad Española de Evaluación como de la Asociación para la Dirección Pública Profesional no es casualidad, sino una decisión consciente que refleja una visión integral del servicio público: ¿de qué sirve dirigir sin evaluar?, ¿y qué sentido tiene evaluar si no hay un liderazgo público profesional que aproveche esos resultados? La pertenencia a ambas organizaciones me permite cerrar ese círculo virtuoso.   Desde la SEE se trabaja por un objetivo claro: garantizar que las políticas públicas se construyan, ejecuten y revisen basándose en evidencias reales y no en corazonadas o modas pasajeras. La evaluación de políticas públicas no es solo una técnica; es una herramienta de responsabilidad democrática que nos obliga a rendir cuentas y a replantearnos continuamente nuestras decisiones. Pertenecer a la SEE significa creer en una Administración que aprende de sus aciertos y errores, y que no teme ser medida porque busca mejorar.   Por otro lado, desde la ADPP se lucha por consolidar un modelo de dirección pública profesional que anteponga la competencia y la rendición de cuentas al clientelismo o la improvisación. Como profesionales, necesitamos estructuras que valoren la meritocracia, la formación continua y la responsabilidad institucional. La dirección pública no es un cargo, es un compromiso, y la ADPP defiende ese compromiso como un pilar de una administración moderna y eficaz.   La evaluación da sentido al liderazgo porque aporta información para tomar decisiones informadas, mientras que la dirección pública profesional garantiza que esas decisiones no solo sean técnicas, sino también legítimas y alineadas con los intereses generales.   En otras palabras, los resultados de la evaluación necesitan líderes capaces de interpretarlos, aplicarlos y, sobre todo, defenderlos ante los diferentes actores políticos y sociales. Del mismo modo, el liderazgo público que se toma en serio su responsabilidad necesita de herramientas evaluativas para mejorar continuamente su desempeño y demostrar su impacto real.   Desde esta perspectiva, SEE y ADPP no son solo espacios de reflexión técnica, sino auténticos motores de cambio en el ámbito de lo público. Participar activamente en estas organizaciones nos permite hacer "lobby", pero en el buen sentido de la palabra: influir legítimamente en el diseño de políticas públicas, promover una gestión más profesional y exigir rendición de cuentas desde dentro del sistema. Es el tipo de presión que toda democracia necesita, no solo para avanzar, sino para avanzar en la dirección correcta.   Pertenecer simultáneamente a SEE y ADPP es mucho más que un orgullo personal. Es la oportunidad —y el deber— de contribuir a un servicio público más profesional, más justo y, sobre todo, más eficaz. Al final, se trata de lo mismo que debería guiar cualquier decisión en nuestra vida profesional: buscar el equilibrio entre lo que hacemos y cómo lo hacemos. A mi modo de ver, el ejercicio del lobby forma parte integral de una democracia sana y está íntimamente vinculado con valores universales como la libertad de expresión o el derecho de petición ante el gobierno. Permite a los grupos de interés presentar sus puntos de vista ante las decisiones públicas que les puedan afectar. También tiene el potencial de mejorar la calidad de la toma de decisiones, al brindar a los legisladores y encargados de tomar decisiones unos canales por medio de los cuales los expertos aporten su conocimiento de temas cada vez más técnicos.

Que sepáis, por último, que a los amigos de FUNDEU no les gusta nada la voz inglesa de lobby, prefiriendo "grupo de cabildeo" o "grupo de presión" como expresiones preferibles a aquélla, de acuerdo con la definición del Diccionario panhispánico de dudas.

Un saludo y nos vamos leyendo.